Las denuncias son de dos comerciantes guipuzcoanos, apoyados por Dendartean, que creen que el sistema es «inconstitucional» y «atenta contra la unidad de mercado»
Ocho meses después de que concluyera la implantación del TicketBai en Gipuzkoa, que generó mucho malestar en algunos colectivos, especialmente entre el pequeño comercio que amenazó con llevarlo a los tribunales, esa advertencia se ha traducido ya en la presentación de dos demandas judiciales por parte de sendos comerciantes contra el fisco guipuzcoano por considerar, entre otras cuestiones, que el sistema «es inconstitucional» y, además, «atenta contra el principio de unidad de mercado» al no aplicarse todavía en todo el Estado.
Según ha podido saber este periódico, las demandas –a las que ha tenido acceso DV– han sido presentadas ante la sección 1 de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y han contado con el apoyo jurídico de la asociación de comerciantes Dendartean, que aglutina a 2.637 establecimientos guipuzcoanos. Una asociación que se ha mostrado desde el primer momento en contra de la forma de implantar el sistema en Gipuzkoa –también en Araba– antes que en el conjunto del Estado, lo que entendía que «era inconstitucional por vulnerar el principio de igualdad en un aspecto que consideramos es de competencia estatal», según indica su presidente Amador Bitteri, que compareció incluso en las Juntas Generales de Gipuzkoa para solicitar que se suspendiera su implantación.
Las demandas han sido presentadas después de agotar todo el procedimiento administrativo, una vez que el Tribunal Económico Administrativo Foral de Gipuzkoa (TEAF) decidiera desestimar las reclamaciones interpuestas por los afectados.
En las demandas presentadas ante el TSJPV –la última la semana pasada–, que han sido aceptadas y comunicadas a la Hacienda foral, los demandantes, que solicitan la exoneración del Ticket Bai, utilizan como argumentación básica –más allá de cuestiones específicas– que la Diputación de Gipuzkoa ha seguido un procedimiento que entienden «absolutamente irregular e ilegal, tanto ante la legislación española como la comunitaria. Ni cumple la legislación del Estado, es anticonstitucional y no cumple las directivas europeas», explica Bitteri. Las demandas piden que «se someta el asunto a una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional con carácter previo a resolverse sobre el fondo del asunto por vulnerar el principio de igualdad» en una materia «de competencia estatal».
Y es que se indica que la Hacienda guipuzcoana estableció la obligación del TicketBai sin que dicha implantación se haya realizado todavía en el Estado, «lo que podría vulnerar, además, el principio de jerarquía normativa». También considera que «podría vulnerar el principio de competencia material territorial, ya que entiende que se trata de una materia de ámbito eminentemente económico, materia que es competencia exclusiva del Estado, y no una materia tributaria, en cuyo caso sí sería de competencia de los territorios históricos». Asimismo, argumentan que la factura digital «atenta contra el principio de unidad de mercado ya que prevé obligaciones solo para empresas, establecimientos y comercios guipuzcoanos con domicilio social en el territorio o sometidos a puntos de conexión en el territorio», lo que provoca que estos negocios «no sea competitivos». Finalmente, señalan que se produce una «vulneración de la armonización fiscal del País Vasco».