El Consejero ha explicado que “desde Kontsumobide hemos realizado un importante esfuerzo de adecuación de nuestras herramientas a los nuevos hábitos de consumo, principalmente con el desarrollo de una nueva Ley de consumo, el Estatuto de las personas consumidoras y usuarias aprobado en abril de 2023 con un amplio consenso y respaldo de los grupos parlamentarios. Se trata de una Ley moderna, pionera en algunos aspectos, que es de las más avanzadas y que refuerza los derechos de las personas consumidoras y usuarias, especialmente de las más vulnerables”.
Una vez aprobado el Estatuto, “hemos seguido profundizando en nuestra colaboración con la Fiscalía Superior del País Vasco y analizando vías para optimizar las acciones en defensa de los consumidores. Por ello, hoy firmamos este protocolo de colaboración, para formalizar y dar continuidad a una coordinación que queremos que se mantenga de una forma estructural”.
Este protocolo se plasma en una serie de actuaciones claras y precisas en las que ya han estado trabajando ambas instituciones. En primer lugar, este protocolo implica la creación de una Comisión, mixta de seguimiento, que se materializará en los próximos días, conformada por miembros de Kontsumobide y de la fiscalía. Esta Comisión se encargará de elaborar el plan de trabajo y los informes de seguimiento, así como de crear grupos específicos de trabajo que pueden conformarse con expertos externos. Se trata de poder abordar todas las materias de interés y actualidad para la mejor defensa de las personas consumidoras, contando con los mejores profesionales.
En segundo lugar, esta colaboración va a conllevar la puesta en marcha de planes formativos para prevenir y combatir actuaciones fraudulentas. Se trata de compartir los conocimientos y experiencias en materia jurídica sobre la protección de los derechos de los consumidores por parte de todos los actores implicados, tanto técnicos de consumo vinculados a la administración, a las asociaciones de personas consumidoras y a las oficinas de atención, como también los fiscales.
Y, en tercer lugar, este protocolo supone un apoyo a la labor del Ministerio Fiscal y Kontsumobide en el desarrollo de acciones colectivas dirigidas a la protección de las personas consumidoras. Las acciones colectivas son acciones judiciales cuyo objetivo es impedir el uso de condiciones generales contrarias a la ley y pueden ser ejercidas tanto por Kontsumobide como por el Ministerio Fiscal, entre otros.
Por su parte, la Fiscal Superior, Carmen Adán del Río, ha manifestado que “el compromiso de los poderes públicos en la defensa de consumidores y usuarios es mandato constitucional que el Ministerio Fiscal asume intentando destinar parte de su actividad a los casos que llegan a cada Fiscalía. Desde hace tiempo la Fiscalía General del Estado ha emitido Circulares en la materia para potenciar prácticas comunes y unidad de actuación en el ejercicio de acciones de protección de consumidores y usuarios. El Protocolo firmado entre la FGE el Ministerio de Consumo y el Consejo de Consumidores y usuarios de marzo del año pasado, las Circulares de la FGE, entre ellas la 2/2018 y posteriores, son precedentes relevantes de este protocolo, que en resumen pretende promover la aportación de información relevante en la protección de estos derechos, impulsar las actuaciones judiciales civiles o penales que procedan, y colaborar en la formación conjunta que redunde en una mayor eficacia en todos los ámbitos y jurisdicciones”.
La Fiscal Superior ha añadido que “con la firma del protocolo se quiere trasladar a la ciudadanía que, desde la legitimación activa que la ley reconoce al Ministerio fiscal para la protección de los intereses de los consumidores, cuentan también con una institución que puede ir más allá del ámbito administrativo, ejercitando acciones que colectivos de consumidores no inician por múltiples causas. Establecer cauces de comunicación fluida con Kontsumobide puede permitir que lleguen a conocimiento de las Fiscalías, hechos dañosos para una pluralidad de personas, incluso en ocasiones personas indeterminadas o de difícil determinación, cuyo potencial lesivo y reiterado, exige promover acciones judiciales. La estructura de las Fiscalías se puede adaptar a la asignación de un fiscal específico para el ámbito de consumo, aunque no pueda ser en la mayor parte de los casos en régimen de exclusividad, siendo varios fiscales y en concreto a las secciones de Civil de cada Fiscalía los que también asumirán el compromiso de actuación en una materia que en definitiva es la general de protección del interés público y social”.