El día en que expira el ultimátum de Trabajo, Cepyme advierte de que aplicar un recorte a 37,5 horas semanales tendrá un impacto de 11.800 millones en los pequeños negocios por su menor productividad
Este lunes expira el plazo dado por el Ministerio de Trabajo para que los empresarios presenten una propuesta formal sobre la reducción de la jornada laboral que el departamento dirigido por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, quiere encarrilar antes de que termine julio. Y Cepyme, una de las organizaciones señaladas en ese ultimátum, ha elaborado un informe en el que alerta del impacto que tendrá generalizar una reducción de la joranda laboral de las 40 horas semanales actuales a las 38,5 horas hasta final de año y, sobre todo, bajar a las 37,5 horas a partir de enero: habrá sectores en los que habrá un «impacto diferencial» y que se verán directamente afectados, como en el caso de la hostelería, la agroganadería y las actividades inmobiliarias.
El informe de Cepyme señala que la reducción de jornada afectará a tres de cada cuatro trabajadores cubiertos por convenios colectivos, unos 8,8 millones de asalariados, que hacen jornadas superiores a las que se pretenden reducir. E indica que hay sectores donde la mayoría de sus trabajadores (más de un 85% del total) tienen jornadas superiores a las previstas 37,5 horas. Junto a la hostelería, la inmobiliaria y el campo, esta situación también incluye a las empresas de comercio y otras actividades profesionales y técnicas.
Además, recuerda que hay empresas que por su propia naturaleza no han podido reducir su jornada. De hecho, casi el 8% de los asalariados trabaja más de 39,5 horas, unas 925.000 personas, principalmente concentradas en las ramas de Información y Telecomunicaciones, Transporte y Almacenamiento, Comercio, Hostelería e Industrias Extractivas.
La patronal de las pymes estima que si se impone la medida sin el aval de los empresarios, conllevaría un coste directo de 11.800 millones de euros. Esta cuantía deriva de «las horas que se dejarían de trabajar», según Cepyme. A este coste directo habría que añadir los indirectos en términos de afectación a la producción, nuevas contrataciones y pago de horas extra. Y anticipan: puede derivar en el cierre de pequeñas empresas que se encuentran en una situación ya vulnerable.
Subida de sueldo «de facto»
Para Cepyme, la reducción de la jornada laboral «supone, de facto, una subida salarial» y, por tanto, un «aumento de los costes laborales». Un incremento que, indican, «se une el mayor riesgo de conflictividad en las plantillas, las dificultades para reasignar recursos y un nuevo factor de incertidumbre si la reorganización del trabajo ha de hacerse inmediatamente», como prevé el Ejecutivo. Si finalmente el texto que se apruebe es de aplicación inmediata, la organización considera que será «algo complicado en una economía como la española, aquejada de problemas de vacantes y escasez de mano de obra».
Este informe insiste en que la productividad debe ser un factor clave a la hora de plantear una redefinición de las condiciones del trabajo. «Cualquier debate sobre la reducción de jornada ha de tenerla en cuenta, en aras de la supervivencia de la pyme», según la confederación. Además, apunta a que cualquier variación de las condiciones organizativas debe hacerse «previo impulso de la productividad, y no en momentos en los que ésta acumula cinco trimestres consecutivos de caídas». La productividad de la pyme española se situó en el primer trimestre de 2024 un 3,3% por debajo respecto de hace un año y todavía se mantiene un 2% por debajo de la registrada en 2015.